Poder desplazarse de un modo sostenible y seguro a nuestro lugar de trabajo es un derecho de los ciudadanos. La movilidad no es un acto individual gratuito sino una necesidad cotidiana colectiva. Si tenemos el derecho constitucional al trabajo el derecho “a llegar” también se ha de garantizar.
Para poder disfrutar de este derecho hay que tener acceso a una red de medios de transporte que sea sostenible, segura, saludable, eficiente y más equitativa.
Y para eso es necesario contar con algo más que infraestructuras y aparcamientos para el vehículo privado motorizado.
En este sentido, a la hora de diseñar la política de movilidad de los empleados es necesario tener en cuenta la diversidad de situaciones individuales. También fomentar estos modos más sostenibles, seguros y eficientes.
Además, hay que evitar cualquier situación de exclusión social, ya sea por razón de género, edad o perfil sociocultural.
Promover los desplazamientos caminando y en bicicleta ayuda a reducir los inconvenientes del tráfico motorizado. Contribuyen a un estilo de vida que mejora la condición física y mental.
En el caso de la bicicleta, para promover su uso, es necesario que los ciclistas perciban seguridad, tanto en su desplazamiento como en el estacionamiento en la entrada o interior de la empresa.
Para los empleados también es importante contar con un espacio para mantener las bicicletas, vestuarios o una flota de bicis para que se puedan desplazar y realizar durante su jornada laboral.