Los planes deben tener en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro.
Se establece una comisión negociadora con representación de la empresa y de las personas trabajadoras, integrada por sindicatos más representativos y sindicatos representativos del sector.
Deben incluir medidas para reducir la movilidad en horas punta y promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.
Deben contemplar soluciones de movilidad sostenible como el impulso de la movilidad activa, transporte colectivo, movilidad de cero emisiones, entre otros, así como medidas de seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.
Deben evaluar el nivel de implantación de las actuaciones y medidas del plan, elaborando un informe de seguimiento cada dos años desde su aprobación.
Deberán disponer de estos planes en un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, para centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno.
Reorientar la movilidad hacia modos más sostenibles, proteger la salud y el medio ambiente, atender las necesidades de la ciudadanía y generar un ecosistema de movilidad más eficiente y equitativo.
El Consejo de Ministros lo aprobó el 12 de febrero de 2024 y se envió a las Cortes Generales. Se tramitará con urgencia para su aprobación antes de fin de año, cumpliendo compromisos con la Comisión Europea.
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