Ley de Movilidad Sostenible, Planes de Movilidad Sostenible y Planes de Transporte Sostenible al Trabajo: Qué debes saber
La futura Ley de Movilidad Sostenible establece qué organismos públicos y privados deberán dotarse de Planes de Movilidad Sostenible y Planes de Transporte Sostenible al Trabajo.
El MITMA presentó recientemente las directrices básicas sobre las que se regirá la futura Ley de Movilidad Sostenible. Esta ley que establecerá una serie de nuevas obligaciones tanto para administraciones públicas como para empresas de cierta entidad que deberán contribuir a desarrollar una forma de moverse más sostenible.
Parte de esas nuevas obligaciones se encuadran en el requerimiento para el desarrollo de Planes de Movilidad Sostenible y Planes de Transporte Sostenible al Trabajo respectivamente. Unos requerimientos que se enmarcan dentro del Título II, Capítulo II, Sección 1ª, sobre Instrumentos de Planificación y Gestión de la Movilidad.
Los artículos 24 y 25 recogen los requisitos para quienes deban realizar Planes de Movilidad Sostenibles, y el artículo 26 recoge las obligaciones para los que deban realizar un Plan de Transporte Sostenible al Trabajo. Dentro de los Planes de Movilidad Sostenible se realizan dos distinciones, una referida a requerimientos a entidades locales, y otra a requerimientos para grandes centros de actividad. Repasamos uno por uno cada caso.
Planes de Movilidad Sostenible de entidades locales
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, todos los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes estarán obligados a elaborar un Plan de Movilidad Sostenible Simplificado.
Estos Planes de Movilidad Sostenible deberán revisarse cada 5 años, y deberán elaborarse teniendo como base los documentos de directrices metodológicas previstos en el artículo 18 de la misma Ley de Movilidad Sostenible. Estos documentos serán complementarios al Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible o DOMO, una hoja de ruta de la que a buen seguro deberemos aprendernos de memoria en los próximos años.
Existe la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan recomendar o exigir a municipios no encuadrados entre los 20.000 y los 50.000 habitantes a realizar un Plan de Movilidad Sostenible Simplificado. Un requerimiento que también puede afectar a entidades supramunicipales y agrupaciones de municipios.
Las entidades que se vean obligadas a elaborar estos planes deberán elaborar un informe de seguimiento cada 3 años, que no debemos confundir con la revisión quinquenal del Plan de Movilidad Sostenible. En este informe deberá darse a conocer el grado de implantación de las actuaciones propuestas.
Planes de Movilidad Sostenible para grandes centros de actividad
En el caso de los centros de actividad, la Ley de Movilidad Sostenible no establece un criterio cerrado, dejando en manos del MITMA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social el establecimiento de criterios para identificar a los grandes centros de actividad obligados a elaborar un Plan de Movilidad Sostenible.
Así mismo, sí que deberán tener presentes aspectos como la superficie del centro de actividad, el número de empresas ubicadas en el mismo, las personas trabajadoras afectadas por un mismo turno de trabajo o la movilidad en días y horas punta.
Una vez establezcan esos criterios y sean aprobados por el MITMA, los centros de actividad afectados dispondrán de 18 meses para aprobar un Plan de Movilidad Sostenible que también deberá revisarse cada 5 años. Como medida adicional, deberán contar con un Gestor de Movilidad del centro de actividad, si bien no se especifican las labores específicas del mismo.
Planes de Transportes Sostenible al Trabajo
Es en el caso de los Planes de Transporte Sostenible al Trabajo donde entran en juego las empresas. Según el artículo 26 de la futura Ley de Movilidad Sostenible, estarán obligadas a contar con un Plan de Transporte Sostenible al Trabajo aquellas entidades públicas y empresas con centros de trabajo con más de 500 personas, o más de 250 personas por turno.
Para la consideración de lo que es un centro de trabajo se tiene en cuenta la definición del artículo 1.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que indica que “se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral”.
Las empresas incluidas en el precepto anterior deberán contar con un PTT en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible. Estos Planes de Transporte al Trabajo deberán contar con informes de seguimiento periódicos cada 2 años.
Los Planes de Transporte Sostenible al Trabajo deberán negociarse además con la representación legal correspondiente de las personas trabajadoras.
En la medida de lo posible, los PTT incluirán soluciones de movilidad sostenible que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica y la movilidad compartida o colaborativa. Además, deberán incluir medidas relativas a la seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.
Finalmente, el artículo 26 apunta que aquellos centros de trabajo con más de 1.000 personas trabajadoras en municipios de más de 500.000 habitantes deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad de trabajadores en horas punta, y promover el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones.
Conclusiones
Como síntesis, cabe apuntar que una vez esta ley se ponga en marcha, serán mayoría los municipios que requieran la realización de un Plan de Movilidad Sostenible, ya sea por obligatoriedad de la Ley de Movilidad Sostenible o por las directrices de las Comunidades Autónomas. En el caso de los Planes de Transporte al Trabajo esta obligación afecta a las empresas y entidades públicas con un volúmen de trabajadores alto, en una medida que parte con la idea de trabajar con aquellos centros de trabajo que al fin y al cabo generan el grueso de los desplazamientos diarios.
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